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Turnismo El turnismo, turno pacífico o simplemente turno es un sistema de alternancia bipartidista que fue uno de los elementos fundamentales del sistema político de la Restauración en España. Consistió en la alternancia en el gobierno de los dos partidos dinásticos (conservador y liberal) basada en el sistemático fraude electoral que hacía que el gobierno que convocaba las elecciones siempre las ganaba.[1] Esta práctica artificial impulsada por Cánovas y Sagasta, y que tomaba como modelo el sistema británico, acabó con el limitado pluralismo político existente.[2] HistoriaComo en el régimen político de la Restauración la formación de gobierno no dependía del triunfo en las elecciones, sino de la decisión de la Corona en función de una crisis política o del desgaste en el poder del partido gobernante, con sólo dos grandes partidos que se «turnaran» en el gobierno era suficiente para que el sistema funcionara: uno que representara un liberalismo más conservador, que constituiría «la derecha» del sistema; otro más progresista, que constituiría su «izquierda».[3] Estos partidos fueron el Partido Liberal-Conservador, encabezado por Antonio Cánovas del Castillo, el artífice del sistema, y el Partido Liberal-Fusionista, liderado por Práxedes Mateo Sagasta.[3] Entre ambos intentaron recoger todas las tendencias políticas que existieran en la sociedad, quedando «autoexcluidas» las que no aceptaran la forma de Estado de la monarquía constitucional (carlistas y republicanos) y las que además rechazaran los principios de libertad y propiedad en que se fundamentaba la «sociedad burguesa» (socialistas y anarquistas).[4]  La primera alternancia, gracias a la «regia prerrogativa», se produjo en febrero de 1881, cuando el Partido Liberal-Fusionista de Sagasta accedió al poder, tras seis años de gobiernos conservadores, presididos la mayor parte del tiempo por Cánovas.[5] Pero esta primera alternancia no fue el resultado del pacto entre Cánovas y Sagasta, como sucedería tras el llamado «Pacto de El Pardo» de noviembre de 1885, sino que, como ha destacado Carlos Dardé ―en lo que coinciden otros historiadores―, «fue una decisión personal de Alfonso XII, que tomó sin llevar a cabo consultas y, por lo que cabe presumir, en contra del parecer de Cánovas».[6][7][8][9] Como ha destacado José Ramón Milán García, «la llegada de los fusionistas al gobierno en febrero de 1881 fue sin duda uno de los hitos fundamentales del reinado [de Alfonso XII] cuya relevancia no escapó a sus protagonistas, conscientes de que la iniciativa del monarca abría las puertas a la superación de la enquistada confrontación entre el liberalismo de izquierdas y la dinastía borbónica, y por ende de las luchas cainitas sostenidas durante décadas entre las diversas familias del liberalismo hispano».[10] Como ha señalado Carlos Dardé, «lo que quedó claro en febrero de 1881 era que el último intérprete del estado de las cosas, y quien tenía el poder de decisión ―por encima de las mayorías parlamentarias y del presidente del gobierno― era el monarca».[11] Por eso, como ha indicado Ángeles Lario, «esta crisis fue definitiva para que Cánovas viera con claridad que se necesitaban unas normas que respetar por ambos partidos para no caer de nuevo en el peligro de los caprichos regios. […] Lo primero que vio claro fue la necesidad de controlar la prerrogativa regia, de normativizarla y darle criterios fijos, lejos del criterio personal; conseguir un equilibrio entre el poder regio y el parlamentario, para lo que iban a ser árbitros precisamente los jefes de los partidos. […] El rey tendría que atenerse a la opinión pública representada por los grandes partidos. Esto tuvo ocasión de materializarse en la difícil coyuntura de la prematura muerte del rey en 1885».[12]  En efecto, en noviembre de 1885, ante la perspectiva de la regencia de la joven e inexperta esposa del rey María Cristina de Habsburgo, que estaba embarazada (su hijo, un varón, nacería en mayo de 1886),[13] Cánovas, que entonces presidía el gobierno, decidió dimitir y aconsejar a la regente que llamara al poder a Sagasta. Cánovas comunicó su decisión al líder liberal y este aceptó en una reunión que mantuvieron en la presidencia del Gobierno por mediación del general Martínez Campos y que sería conocida equivocadamente como el «Pacto de El Pardo».[14][15] «Un acuerdo por el cual los dos Partidos decidieron turnarse en el poder automáticamente en los años siguientes».[16] Se rompía de esta manera con la práctica del reinado de Isabel II, que estaba basada en el monopolio del gobierno de los moderados, por lo que los progresistas solo tenían la vía del pronunciamiento para alcanzar el poder. Ángeles Lario ha destacado que el acuerdo político a que se llegó con motivo de la muerte del rey «convirtió a los dos grandes partidos en los verdaderos directores de la vida política, controlando consensuadamente hacia arriba la prerrogativa regia y hacia abajo la construcción de las necesarias mayorías parlamentarias [mediante el fraude electoral]; definiendo así la vida de este importante periodo de nuestro liberalismo y siendo origen a su vez de sus más graves limitaciones».[17] Un «sistema liberal sin democracia».  El sistema del «turno» seguía estos pasos:
La consolidación del turnismo tuvo lugar en la etapa de la regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902) y de esa forma se aseguró la monarquía ante la doble amenaza carlista y republicana. La secuencia de ocupación del poder entre el Partido Conservador y el Partido Liberal muestra a la perfección cómo se llevó a cabo esta práctica:
Véase tambiénReferencias
Bibliografía
Enlaces externos
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